En relación a los bloqueos carreteros por parte de migrantes, el Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra que agrupa distintas modalidades del servicio público de pasaje, fijó su postura e hizo el llamado al gobierno federal de atender el problema para que se de solución en apego a la legalidad y a los derechos humanos.
En rueda de prensa, Noé Pinto Pinto, afirmó que Chiapas requiere de una política que de certeza en el derecho al tránsito en las carreteras, que se consolide el clima de paz y tranquilidad, pero es necesario que cada institución atienda el ámbito de su competencia, a través del dialogo y la negociación pero con estricto respeto al estado de derecho y el de todas las personas.
Señaló que en esta parte de Chiapas los grupos transportistas han sido respetuosos de sus manifestaciones, las que se han hecho en el marco de la ley, con pleno respeto a los derechos de terceros como parte de la liberad de manifestación, sin embargo, este sector al igual que un alto porcentaje de la sociedad ha expresado desacuerdo a los bloqueos de los migrantes.
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Detalló que consideran estas manifestaciones como chantajes y berrinches porque no han logrado su objetivo de ser los primeros en la atención dentro del programa de traslado del INM a otras entidades, y son acciones ilegales porque atentan abiertamente contra los derechos de la sociedad.
Expuso que la población, los sectores productivos han expresado al gobierno federal y en particular al INM el deseo de que se atienda con eficiencia el problema de los migrantes, las consecuencias de las aglomeraciones en Tapachula y finalmente cuando se vislumbraba una salida a este fenómeno de miles de extranjeros que salieron de sus países en busca de oportunidades para ser trasladados a otros estados de México, surgen estas protestas que afectan a la sociedad de la costa de Chiapas.
"Las manifestaciones han sido reiterativas con bloqueos carreteros tanto en Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mapastepec y otros municipios para presionar al gobierno federal para que agilice el envío de autobuses y realicen el traslado a los diez estados de la república mexicana destinados para ello, les entreguen documentos con rapidez aun cuando el proceso está en marcha", abundó.
Mencionó que estas acciones de extranjeros que reclaman un derecho afectan a la población, generan pérdidas económicas en el sector transporte, en el sector productivo, en el comercial y en la sociedad en general, por ello requiere de atención de las autoridades para no generar mayores conflictos entre la población civil y los migrantes, ya que algunos se tornan violentos y causan daños a unidades vehiculares.
