La representante del comisariado ejidal del 15 de Septiembre, denunció que más de 7 millones de pesos destinados a la rehabilitación del sistema de riego no han sido utilizados adecuadamente.
María Deisy Tadeo Damian, comisariado ejidal, explicó que a pesar de la considerable cantidad de recursos asignados, la única obra visible es la colocación de cemento en algunos hidrantes.
"Queremos aclarar dónde está ese dinero que era para mejorar el sistema de riego, pues no sabemos a dónde se fue y por ello están pidiendo a la Conagua que intervenga", expresó
Añadió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó los recursos a una asociación civil para que los administrara. Esta asociación, a su vez, contrató a Don Carlos Gamboa para ejecutar el proyecto.
"Cuando se paga una obra dan un contrato, pero no está el contrato y mucho menos la obra que serviría para los agricultores de esa comunidad del municipio de Suchiate", abundó.
Además, la representante destacó que no se llevó a cabo ninguna inauguración oficial de la obra, ni se informó a los agricultores sobre la supuesta finalización del proyecto.
"A nadie lo invitaron para hacer alguna inauguración, y mucho menos les informaron que ya estaba hecha la obra", comentó. Por este motivo, están solicitando a Conagua una investigación exhaustiva sobre el paradero de los recursos.
Mencionó que la revisión de este anomalía se llevaría a acabo el 19 de junio, pero se canceló y no sabe cuál fue la causa para que no se llevara acabo esta supervisión.
Detalló que posee dos concesiones de pasos en la comunidad, y uno de ellos desapareció junto con Carlos Gamboa, quien tenía los documentos correspondientes. La desaparición de estos documentos complica aún más la situación, generando dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.
“Estamos acudiendo a Conagua con la esperanza de obtener información sobre si existe aún la segunda concesión de agua que es de vital importancia para los agricultores del municipio de Suchiate”, expresó.
Puntualizó que este caso pone en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y control sobre la gestión de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura esencial, como el sistema de riego, que son vitales para el desarrollo de las comunidades agrícolas.