La organización “Pueblo Sin Fronteras”, expuso que el gobierno de México, al tener una política de contención de flujos migratorios, y dejar varados a migrantes africanos, haitianos, cubanos y centroamericanos en Tapachula, Chiapas, es aprovechado por el crimen organizado que en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), promueve el tráfico de personas.
La organización, precisó que el gobierno de México, ha criminalizado las caravanas de migrantes, al decir que son organizadas por criminales, pero “ayer se pudo ver claramente que eso no es cierto. Son organizadas por personas desplazadas de sus hogares, cansadas de las políticas de contención -entre ellas la discriminación, la burocracia y la corrupción del Instituto Nacional de Migración- que se mueven de forma colectiva para su protección mutua”.
La organización sostuvo que el crimen organizado en colaboración con el INM, ha provocado el incremento del “tráfico de personas que se aprovecha para lucrar de las personas vulnerables que Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador han vendido por sus intereses políticos ante los Estados Unidos. Fue de esa injusticia precisamente que las y los caminantes migrantes ayer quisieron escapar”.
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Aunado a esto, el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el Sureste Mexicano, consideró como “una cacería cruel e inhumana” el operativo de detención en el que participaron aproximadamente 600 elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal, INM y CISEN.
Además, sostuvieron que en medio “de la cacería que emprendieron conjuntamente elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y el INM, se identificaron varias personas heridas, pertenencias perdidas y decenas de vehículos llenos de personas detenidas con dirección a los Centros de Detención de Tapachula Estación Migratoria Siglo XXI y “Cupape” y “la Mosca” en Tuxtla Gutiérrez”
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El colectivo, precisó que el operativo militar provocó violencia psicológica ante personas desprotegidas y en condiciones de gran vulnerabilidad, quienes “con temor no opuso mayor resistencia a ser privadas de la libertad y devueltas a un callejón sin salida.
Por último, exigieron al gobierno de México, cese la represión contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional; dar a conocer de manera transparente la información del total de personas detenidas y su ubicación, así como el acceso a abogados para su defensa y pronta liberación, así como se garantice el acceso a derechos como la protección internacional, el interés superior de la niñez, la no separación de familias y se respete el principio de no devolución.
