La Licenciada Liliana Ocampo González, secretaria sindical de trabajadores del Poder Judicial de la Sección 38 en Tapachula, hizo pública su preocupación y denuncia en relación a los múltiples embates que el Poder Judicial de la Federación enfrenta por parte de diversos actores, incluyendo la Cámara de Diputados y Palacio Nacional.
El Poder Judicial de la Federación está siendo objeto de críticas y presiones en los últimos tiempos, lo que ha llevado a los trabajadores a expresar su inquietud por lo que considera un "franco desprecio" hacia la institución y todos aquellos que trabajan en ella. Según la secretaria sindical, estas agresiones amenazan la división de poderes del Estado mexicano y la independencia judicial consagrada en la Constitución y en los estándares internacionales.
La preocupación central de los trabajadores, se relaciona con la intención de reducir los recursos económicos destinados al Poder Judicial, recursos que son esenciales para la defensa de los derechos y que, según su perspectiva, no constituyen ventajas ni privilegios. El recorte presupuestal afectaría los salarios y prestaciones de los trabajadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia en México.
En sus declaraciones, la secretaria sindical advierte que el recorte presupuestal podría tener un impacto negativo en la salud de los empleados, además de limitar la infraestructura operativa necesaria y reducir la plantilla de personal en órganos jurisdiccionales, especialmente en centros de justicia en provincias donde los juzgados se encuentran en casas habitación.
Además, se señala que, de aprobarse la reducción del presupuesto, podría resultar en el despido de trabajadores y el cierre de juzgados y tribunales debido a la falta de recursos suficientes para mantener el personal necesario para enfrentar la carga de trabajo diaria.
Finalmente, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación hacen un llamado a la ciudadanía para que comprendan la importancia de no atentar contra los ingresos de más de 45,000 empleados que trabajan incansablemente para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos en casos legales y judiciales.
La denuncia de los empleados pone de manifiesto la importancia de mantener la independencia y la operatividad adecuada del Poder Judicial de la Federación para garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en México, así como para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos.