La violencia en Chiapas ha aumentado en los últimos años, impulsada por una serie de factores complejos que incluyen la presencia de grupos criminales, la disputa por territorios estratégicos y la falta de control estatal en algunas regiones. Este aumento se ha manifestado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y un incremento en actividades delictivas como el narcotráfico y la trata de personas.
Los grupos delincuenciales que se disputan la plaza en la Sierra de Chiapas han intensificado sus acciones, reclutando ciudadanos de Motozintla para reforzar los bloqueos carreteros en diversos puntos de la región. Este conflicto ha provocado un incremento en los conflictos armados y el desplazamiento forzado de familias en municipios como Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec y Motozintla.
La violencia también ha llevado a un aumento significativo en el número de desaparecidos. En lo que va de agosto, al menos 10 personas han sido reportadas como desaparecidas en Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y La Trinitaria, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Estas desapariciones se concentran en áreas rurales y carreteras afectadas por la violencia y las actividades ilícitas, destacando la severidad de la crisis en la región fronteriza de Chiapas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está brindando asistencia a más de 2,500 personas desplazadas en las regiones de la Sierra, Los Altos y la zona fronteriza, provocadas por la violencia, conflictos agrarios y fenómenos naturales.
La percepción de inseguridad en Tapachula, una de las ciudades más afectadas, ha aumentado drásticamente, posicionándola como la quinta ciudad con mayor percepción de inseguridad en México. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el 65.1% de las mujeres y el 52.4% de los hombres consideran su ciudad insegura. Tuxtla Gutiérrez también ha experimentado un aumento en la percepción de inseguridad, que ha subido del 72.8% en diciembre de 2023 al 74.5% en marzo de 2024.
La violencia en Chiapas ha llevado a un notable incremento en delitos de alto impacto, con un aumento del 69.2% en las carpetas de investigación por homicidio doloso en el primer semestre de 2024, en comparación con el año anterior. Municipios como Suchiate, Pantelhó, Benemérito de las Américas y otros en el Soconusco y la frontera con Guatemala están a la cabeza en tasas de homicidios y robos de vehículos. Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, subraya el aumento en delitos relacionados con armas de fuego, lo que indica la influencia creciente de grupos del crimen organizado en la región. Estos grupos están utilizando tácticas y armamento avanzado, incluidos armas de alto calibre y drones equipados con explosivos, lo que ha escalado la violencia y el impacto en la seguridad.
El sector del transporte también ha sufrido debido a la violencia, con una reducción en los servicios operativos tanto en rutas foráneas como locales. Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza de Autotransportes en Chiapas, atribuye esta disminución al riesgo que enfrentan los transportistas debido a la creciente inseguridad.
En respuesta a la violencia, las fuerzas de seguridad del estado y federales han intensificado sus operativos en la región. Sin embargo, la presencia militar ha generado tensiones en algunas áreas, complicando aún más la relación entre las comunidades locales y las autoridades. La violencia ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria de los habitantes de Chiapas, afectando la economía local, el turismo y el acceso a servicios básicos, y generando desconfianza en las autoridades y limitando la inversión en la región.
Frente a esta crisis, la iglesia católica ha hecho un llamado urgente para detener la violencia. En un comunicado firmado por obispos de México y Guatemala, se ha denunciado la situación en municipios como Chicomuselo, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, instando a poner fin a la violencia que ha convertido a estas localidades en campos de batalla. La iglesia también ha señalado que las condiciones actuales no permiten llevar a cabo las elecciones extraordinarias programadas, reflejando una necesidad urgente de intervención y apoyo para enfrentar esta crisis.
