Para el colegio de abogados de Tapachula es preocupante que los recortes de presupuestos del gobierno federal, limiten en gran medida la operatividad de organismos de carácter administrativos encargados de recibir quejas y denuncias de la ciudadanía, pues de nada sirve que en administraciones pasadas se hayan hecho campañas sobre la cultura de la denuncia, si actualmente se deja en estado de indefensión a la población.
En entrevista el vicepresidente del colegio de abogados de Tapachula, José Luis Pastor Hernández señaló, que es inadmisible los recortes de presupuestos de la llamada cuarta transformación del país tengan consecuencias negativas en diversos rubros de vital importancia, entre ellos el tema de la procuración de justicia, pero más aun con la desaparición de organismos administrativos como la subdelegación de Profeco en esta ciudad, entre otras más en todo el territorio nacional.
Se habla mucho de la cultura de la denuncia, pero creo que no ha sido lo ideal retirar esos presupuestos, pero son decisiones que no dan opción a nada más.
“Como sociedad nos estamos manifestando a ese tipo de determinaciones, si bien es cierto no podemos contravenir esas decisiones, a menos que usen los instrumentos jurídicos y legales; tenemos instrumentos de combate como acciones de inconstitucionalidad respecto de la desaparición de esa clase de instituciones administrativas que están siendo afectadas, e incluso desaparecidas del actual organigrama de la cuarta transformación”, aseveró.
Detalló, que para ejercer una acción de inconstitucionalidad corresponden a determinados cuerpos o instituciones públicas llevarlas a cabo, es decir no les corresponde a los ciudadanos, por ello quienes deben asumir la responsabilidad son los diputados federales y senadores o bien organismos de derechos humanos.
Pastor Hernández exhortó a las autoridades evitar más recortes presupuestales que se convierten en una verdadera injusticia para la ciudadanía y en el caso de los procedimientos legales a nivel suprema corte de justicia de la nación, donde se puede retomar si es o no procedente la desaparición instituciones administrativas, que sean los legisladores quienes hagan su trabajo.