/ lunes 28 de marzo de 2022

Refugiados contribuyen con 105 mdp en impuestos

Según reporte de ACNUR, el 73 % de las solicitudes (18 mil) desde el 2016, han sido en el estado de Chiapas

En su reporte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que desde la creación del programa de reubicación e integración laboral de refugiados en 2016, a 10 ciudades del centro-norte del país, el 83 % de refugiados lo hicieron desde el sur del país, reubicando hasta febrero de 2022 a 18 mil personas, siendo el 66 % de ellos población en edad laboral, lo cual ha dejado una derrama económica de 105 millones de pesos en impuestos y contribuciones estatales.

El estudio detalla que de los solicitantes de la condición de refugiado, el 73 % de estas ocurrieron en el estado de Chiapas, 6 % en Veracruz, 4 % en Tabasco y el restante 17 % en los otros estados del país. De los 18 mil refugiados reubicados en las diversas ciudades del territorio mexicano, 66 % son adultos en edad laboral y el 33 % son niños, adolescentes y adultos mayores.

Es de resaltar que el salario bruto promedio que perciben los refugiados en dichas ciudades es de $6,728 mensuales y, “con base a una revisión preliminar de recibos de nómina, la miscelánea fiscal vigente y el cálculo de las aportaciones obreras al IMSS, se infiere que las personas pagan; $458 de Impuesto Sobre la Renta (ISR); $491 en Impuesto al Valor Agregado (IVA); y $160 de cuota obrera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, indica el estudio.

Impacto potencial

Para este 2002, se prevé superar las 30 mil reubicaciones desde el inicio del programa, lo que representaría 13,185 personas empleadas y 175.5 millones de pesos en impuestos y contribuciones.

El salario bruto promedio de una persona refugiada en México es de $6,728 mensuales / Foto: Jaime Ávalos | Diario del Sur

No obstante, para que esto ocurra, los bancos deben ampliar el acceso a servicios financieros a personas refugiadas, las instituciones gubernamentales agilicen los procesos para la emisión de documentos requeridos para la vinculación al empleo, mayor involucramiento del sector público en el acceso a servicios y programas sociales y que los empresarios consideren la contratación de refugiados dentro de sus políticas internas y se comprometan a las experiencias a fin de favorecer la constante difusión del tema.

En su reporte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que desde la creación del programa de reubicación e integración laboral de refugiados en 2016, a 10 ciudades del centro-norte del país, el 83 % de refugiados lo hicieron desde el sur del país, reubicando hasta febrero de 2022 a 18 mil personas, siendo el 66 % de ellos población en edad laboral, lo cual ha dejado una derrama económica de 105 millones de pesos en impuestos y contribuciones estatales.

El estudio detalla que de los solicitantes de la condición de refugiado, el 73 % de estas ocurrieron en el estado de Chiapas, 6 % en Veracruz, 4 % en Tabasco y el restante 17 % en los otros estados del país. De los 18 mil refugiados reubicados en las diversas ciudades del territorio mexicano, 66 % son adultos en edad laboral y el 33 % son niños, adolescentes y adultos mayores.

Es de resaltar que el salario bruto promedio que perciben los refugiados en dichas ciudades es de $6,728 mensuales y, “con base a una revisión preliminar de recibos de nómina, la miscelánea fiscal vigente y el cálculo de las aportaciones obreras al IMSS, se infiere que las personas pagan; $458 de Impuesto Sobre la Renta (ISR); $491 en Impuesto al Valor Agregado (IVA); y $160 de cuota obrera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, indica el estudio.

Impacto potencial

Para este 2002, se prevé superar las 30 mil reubicaciones desde el inicio del programa, lo que representaría 13,185 personas empleadas y 175.5 millones de pesos en impuestos y contribuciones.

El salario bruto promedio de una persona refugiada en México es de $6,728 mensuales / Foto: Jaime Ávalos | Diario del Sur

No obstante, para que esto ocurra, los bancos deben ampliar el acceso a servicios financieros a personas refugiadas, las instituciones gubernamentales agilicen los procesos para la emisión de documentos requeridos para la vinculación al empleo, mayor involucramiento del sector público en el acceso a servicios y programas sociales y que los empresarios consideren la contratación de refugiados dentro de sus políticas internas y se comprometan a las experiencias a fin de favorecer la constante difusión del tema.

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