La decisión del Gobierno Federal de considerar el regreso presencial de clases como una actividad esencial ha causado preocupación e incertidumbre entre padres de familia, principalmente ante incremento de contagios en menores de edad durante la tercera ola de la pandemia del Covid-19.

José Antonio Chol, integrante del consejo local del comité de padres de familia, lamentó que el gobierno priorice el tema económico por encima de la salud de los niños, ya que por las condiciones en que se encuentran las escuelas difícilmente los alumnos podrán cumplir con los protocolos sanitarios.

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Dijo que no es posible que por un lado, las autoridades estén obligando a los padres a enviar a sus hijos y por otro se quiten la responsabilidad y traten de deslindarse de lo que pueda sucederle a los niños al interior de las escuelas, ya que están exigiendo que los padres firmen una carta responsiva.

Señaló que además las autoridades educativas se están deslindando de dotar de insumos de protección y de garantizar la infraestructura adecuada y están dejando esta responsabilidad a los padres de familia, cuando la situación económica que enfrentan los padres es complicada. Indicó que no es posible que los padres carguen con todos los gastos, cuando ellos van aportar cuotas voluntarias y ahora tienen que dar más cooperaciones para establecer la infraestructura adecuada para el regreso a clases.

Por su parte, Javier Ovilla Estrada, presidente del comite de padres de familia en los municipios fronterizos, indicó que la mayoría de los tutores han externado su decisión de no mandar a sus hijos a la escuela debido al alto número de contagios de Covid-19 que prevalece en la zona.

Puntualizó que el semáforo epidemiológico no refleja la realidad que viven los municipios de la frontera, en donde los contagios y muertes están muy altos, por lo que mandar a los niños a las escuelas, sería un peligro, ya que las escuelas no están adecuadas para un regreso a clases seguro.

Remarcó que ni el gobierno federal ni la SEP no tienen ninguna autoridad para decidir si los padres mandan o no sus hijos a la escuela, y más cuando ellos se están "lavando las manos", con la firma de una carta responsiva, en donde el padre deberá hacerse cargo de todo lo que le suceda al niño en los salones.