Adultos mayores que adquirieron hace algunos años a través de la cesión de derechos placas de colectivos y taxis de la sociedad Cooperativa Corban de Chiapas, pidieron la intervención del gobernador del estado y del secretario de Movilidad y Transportes para que se les permita deslindarse y ser personas físicas con los derechos plenos de esas concesiones por las que pagaron grandes cantidades de dinero a la ex líder Beatriz Rivera Domínguez, quien durante 24 años se ostentó como presidente vitalicia de esa organización.
En entrevista, Hilda Vázquez Reyes de 77 años, Jesús Gálvez Ruiz de 88, Lesvia Adelmira Santiago Cáceres de 82, Reyna Concepción Figueroa Meoño y María del Carmen Román Cabrera, denunciaron que presuntamente han sido víctimas de irregularidades por parte de Rivera Domínguez.
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Indicaron que en su momento como presidenta de la sociedad Corban de Chiapas recibió tres concesiones del gobierno del estado de Chiapas que amparan 19 espacios: 17 de colectivos y 2 de Taxis, mismos que a través del tiempo fue cediendo notarialmente tras recibir grandes cantidades de dinero que los interesados pagaron, pero sin que quienes las compraron aparecieran o los incluyeran como socios en el acta constitutiva.
Dijeron que con los ahorros de su vida laboral pagaron para adquirir la cesión de derechos de un espacio en el transporte público, en dos de los casos hace más de dos décadas dieron 100 mil pesos y en el tercero más reciente la cantidad que oscila en 700 mil pesos, pero además habría dado 300 mil pesos más con la promesa de una nueva concesión dentro de otra cooperativa sin que esto se cumpliera.
Señalaron que los que hoy tienen la cesión de derechos notariada y con ello las placas de las unidades que cubren las rutas 45 y 46 Unidad Administrativa-Centro y dos taxis con los números económicos 1190 y 1191, se han organizado para pedir al gobierno de Chiapas que intervenga, toda vez que durante pertenecieron a la organización que encabezó Beatriz Rivera fueron objeto de malos manejos de embargos del IMSS, multas de Hacienda, sanciones y obligaciones civiles determinadas por jueces.
Sin embargo, detallaron que la inconformidad total ocurrió cuando la exlíder Beatriz Rivera les exigió a cada uno de los que cuenta con la cesión de derechos la cantidad de 40 mil pesos por incluirlos en el acta constitutiva, ante esto y amparados en que la cooperativa que ella dice dirigir no tiene socios, es decir solo queda el cascaron, no cumple con los requisitos que marca la ley y una serie de irregularidades e incumplimiento con los deberes impositivos y legales decidieron desconocerla y reestructurar la sociedad.
Mencionaron que detectaron en fechas recientes la presencia de unidades del servicio colectivo con placas clonadas algunos y un taxi con numero clonado por lo que hicieron la denuncia pública, pero en su defensa la exlíder argumentó contar con documentación original de la concesiones registradas pero sin aclarar que notarialmente cedió los derechos y pretende engañar a la autoridad que supuestamente algunos juegos de placas le fueron robados de su empresa.