Socios fundadores de la cooperativa Ámbar de Chiapas denunciaron a la presidenta de la misma, Natividad Duque y al personal de la delegación de Movilidad Transporte en Tapachula, quienes en flagrante violación a la ley y abuso de poder despojaron a una mujer de las placas de un colectivo que cubre la ruta entre Tapachula y comunidades de la zona media y con esto también de los derechos para prestar el servicio público de pasaje.
Dijeron que la señora Natividad Duque (ligada a Bersain Miranda Borras), y sus familiares presuntamente se han confabulado con personal de la delegación de Movilidad y Transportes de Tapachula a cargo de Miguel Agustín Galdámez Culebro, para cometer atropellos en contra de transportistas que se oponen a sus intereses.
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Señalaron que amparados en que a la cooperativa Ámbar de Chiapas se constituyeron ex miembros de la cooperativa Soconusco con su respectiva acción (ruta, placas y unidad colectiva), ahora buscan apropiarse de los derechos como transportistas y quitarle físicamente las placas para colocarlas en unidades de su propiedad y usufructuar los derechos.
Detallaron que tal es el caso de la señora Guadalupe Hernández, ex socia de la cooperativa Soconusco y socia activa de Ámbar de Chiapas, quien fue citada con la unidad de transporte a las oficinas de la delegación de la SMyT, ya en ese lugar y sin bases legales los señalados procedieron a quitarle las placas al colectivo con la finalidad de entregarlas a Lesvia Duque que no tiene ninguna acción en la cooperativa y cuya actividad no es el transporte ya que se dedica a la matanza de puercos.
Ante este hecho, denunciaron que es lamentable que el personal de la SMyT se hayan convertido en jueces y parte, por lo que la afectada pedirá al gobernador de Chiapas para que intervenga y eviten este tipo de atropellos.
Indicaron que además acudirán ante las autoridades competentes en materia de aplicación de la ley y justicia para que a través de un juicio se respeten los legítimos derechos y no se actúe de manera parcial en la búsqueda de beneficios personales.
Mencionaron que con este tipo de acciones fuera de la legalidad funcionarios están provocando posibles enfrentamientos entre el sector, lo que pone en riesgo la paz social y la tranquilidad en la zona, porque no solo se solapan violaciones a la ley, sino que los funcionarios intervienen como jueces y parte.