San Cristóbal de Las Casas.- El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) manifestó su respaldo al acto de firma de acuerdo de solución amistosa entre el Estado Mexicano y las víctimas de la masacre de Acteal, ya que considera se ajusta plenamente a los estándares de Derechos Humanos de la CIDH y a sus procedimientos.
“Ello contempla dos posibles rutas: solución amistosa y sentencia, lo que depende de la voluntad del Estado en reconocer su responsabilidad y la decisión de las víctimas. El procedimiento de sentencia es mucho más largo y puede llevar todavía mucho tiempo más, pero que al final no es muy diferente del mecanismo de solución amistosa en sus resultados”.
En un comunicado de prensa, aclaran que la solución amistosa implica también una reparación del daño, esto es de forma económica por cada víctima e incluye gastos de representación de la parte legal. “La diferencia estriba en la voluntad política del Estado en reconocer una responsabilidad y muy rara vez de la decisión de las víctimas”.
El Comité Digna Ochoa aclaró que asistió como invitado especial de las víctimas de la Masacre de Acteal y realizó todo el viaje como acompañante. “Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad por la masacre de Acteal se señaló que este proceso inició cuando las víctimas solicitaron la intervención de la CIDH en el año 2006 para responsabilizar al Estado Mexicano”.
“El caso fue admitido a trámite en el año 2010 reconociendo a 45 víctimas fallecidas y 26 víctimas sobrevivientes, y en este 2020 se firma un acuerdo de solución amistosa con un grupo de víctimas, y como enfatizó el Subsecretario Alejandro Encinas se respetan y dejan a salvo los derechos de las víctimas que han asumido otras vías diferentes a el acuerdo, expresando su respeto por el grupo de víctimas que decidió esperar al informe de fondo y la resolución por sentencia de la CIDH”.
Finalmente, Digna Ochoa ratificó que nadie que no sean las víctimas tiene el derecho de atreverse a cuestionar o descalificar este procedimiento que se ajusta a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, e implica un acto de voluntad política del Estado Mexicano en reconocer su responsabilidad por acción y omisión en los hechos que condujeron a la masacre de Acteal.