/ sábado 12 de noviembre de 2022

Trabajadoras del volante piden concesiones sin sesgo político

Piden al Gobierno del Estado no ceder a chantajes políticos, ni la utilización de género para beneficios de grupos políticos

Otorgar concesiones del transporte público en Chiapas y particularmente en Tapachula no debe ser botín de facciones, mucho menos la bandera de aspirantes a cargos públicos, así lo señalaron este sábado un grupo de mujeres trabajadoras del volante, entre ellas amas de casa y viudas de trabajadores del transporte que solicitaron el acceso a ese derecho.

Afirmaron que existen grupos de interés que bajo el mismo esquema de negocios, pero externas a esta organización, gente pudiente que ya están trabajando de manera irregular con unidades piratas de lujo agrupadas en “Mujeres de Rosa” que encabeza Ninfa Sosa Merchant.


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En rueda de prensa acusaron que ellas han sido respetuosas de la ley y de los tiempos, por lo que esperan que al haber cumplido con la documentación para solicitar el concesionamiento el Gobierno determine lo procedente, sin embargo acusan a Ninfa Sosa protegida del magistrado Placido Morales de encabezar un grupo de taxistas piratas, unidades con placas particulares que se anuncian en internet como transporte público de aplicación que ya están dando servicio a pesar de que el gobierno de Chiapas no lo permite y es castigado.

Las declarantes que omiten sus nombres por temor a represalias señalan que la cooperativa Mujeres de Rosa del estado de Chiapas es una organización política de gente que no tiene ningún tipo de relación con el transporte público y que por cuestiones políticas buscan ganar espacios en el concesionamiento e incluso hacen alarde de haber logrado ya la intervención y apoyo del secretario del Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa García.



Expresaron que no están en contra del concesionamiento en favor de las mujeres, es un derecho que todos tienen, pero piden que no se politice, que tampoco se les explote la razón de género, porque además hay señalamientos de que esa agrupación por la protección que se les brinda y la promesa de concesión tiene un costo de entre 70 y 80 mil pesos para la campaña política de sus padrinos.

En Tapachula incluso hay publicidad de ese grupo Mujeres de Rosa que encabeza Ninfa Sosa, en la que afirman que dan el servicio de Taxi Rosa con números de teléfono celular y fijo, aun cuando no tienen concesiones, están fuera de la Ley y los pasajeros no están protegidos por el seguro de vida que este servicio implica, es decir son piratas que están presuntamente apadrinados por gente de la política e incluso señalan en su publicidad, la fotografía del grupo que son gente profesionistas, catedráticas, jubiladas, empresarias y mujeres de políticos que son completamente ajenas al transporte público.

De acuerdo con publicaciones en medios de comunicación en fechas pasadas, algunas de las unidades del grupo de Ninfa Sosa como taxis piratas han sido aseguradas por la autoridad de Movilidad y Transporte, sin embargo, persisten en dar un servicio fuera de norma en una clara violación a la ley de movilidad vigente en Chiapas y anunciarse en redes sociales como un reto a la autoridad, por ello el grupo de mujeres denunciantes piden al Gobierno del Estado no ceder a chantajes políticos ni la utilización de género para beneficios de grupos políticos.

Otorgar concesiones del transporte público en Chiapas y particularmente en Tapachula no debe ser botín de facciones, mucho menos la bandera de aspirantes a cargos públicos, así lo señalaron este sábado un grupo de mujeres trabajadoras del volante, entre ellas amas de casa y viudas de trabajadores del transporte que solicitaron el acceso a ese derecho.

Afirmaron que existen grupos de interés que bajo el mismo esquema de negocios, pero externas a esta organización, gente pudiente que ya están trabajando de manera irregular con unidades piratas de lujo agrupadas en “Mujeres de Rosa” que encabeza Ninfa Sosa Merchant.


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En rueda de prensa acusaron que ellas han sido respetuosas de la ley y de los tiempos, por lo que esperan que al haber cumplido con la documentación para solicitar el concesionamiento el Gobierno determine lo procedente, sin embargo acusan a Ninfa Sosa protegida del magistrado Placido Morales de encabezar un grupo de taxistas piratas, unidades con placas particulares que se anuncian en internet como transporte público de aplicación que ya están dando servicio a pesar de que el gobierno de Chiapas no lo permite y es castigado.

Las declarantes que omiten sus nombres por temor a represalias señalan que la cooperativa Mujeres de Rosa del estado de Chiapas es una organización política de gente que no tiene ningún tipo de relación con el transporte público y que por cuestiones políticas buscan ganar espacios en el concesionamiento e incluso hacen alarde de haber logrado ya la intervención y apoyo del secretario del Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa García.



Expresaron que no están en contra del concesionamiento en favor de las mujeres, es un derecho que todos tienen, pero piden que no se politice, que tampoco se les explote la razón de género, porque además hay señalamientos de que esa agrupación por la protección que se les brinda y la promesa de concesión tiene un costo de entre 70 y 80 mil pesos para la campaña política de sus padrinos.

En Tapachula incluso hay publicidad de ese grupo Mujeres de Rosa que encabeza Ninfa Sosa, en la que afirman que dan el servicio de Taxi Rosa con números de teléfono celular y fijo, aun cuando no tienen concesiones, están fuera de la Ley y los pasajeros no están protegidos por el seguro de vida que este servicio implica, es decir son piratas que están presuntamente apadrinados por gente de la política e incluso señalan en su publicidad, la fotografía del grupo que son gente profesionistas, catedráticas, jubiladas, empresarias y mujeres de políticos que son completamente ajenas al transporte público.

De acuerdo con publicaciones en medios de comunicación en fechas pasadas, algunas de las unidades del grupo de Ninfa Sosa como taxis piratas han sido aseguradas por la autoridad de Movilidad y Transporte, sin embargo, persisten en dar un servicio fuera de norma en una clara violación a la ley de movilidad vigente en Chiapas y anunciarse en redes sociales como un reto a la autoridad, por ello el grupo de mujeres denunciantes piden al Gobierno del Estado no ceder a chantajes políticos ni la utilización de género para beneficios de grupos políticos.

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