El transporte público de pasaje, enfrenta previo al otorgamiento de concesiones una grave crisis y un escenario adverso para los ya concesionados ante hechos de corrupción que han permitido el incremento desmedido del pirataje que promueve un trato especial de parte de las autoridades encargadas de su regulación a grupos protegidos que sin concesiones dan servicios con unidades y placas particulares.
Es evidente el incremento desmedido de unidades que prestan el servicio de pasaje de manera irregular y la falta de operativos para asegurarlas por parte de autoridades, lo que deja entrever acuerdos por debajo de la mesa que representarían miles o quizás millones de pesos para dejarlos trabajar sin ser molestados, afirmó, Nayeli Marisol Figueroa Carrillo, presidenta de la Sociedad Cooperativa Transportes Chicharras
Dijo que no solo ellos han denunciado las irregularidades, lo han hecho otros grupos que afirman que no hay estrategias ni intención de acabar con el problema del pirataje.
Señaló que las denuncias han sido directas en contra de la autoridad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), en Tapachula, pero no hay sanciones para los infractores, ni tampoco hay operativos.
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Asimismo, concesionarios han denunciado que se permite que unidades chatarras incluso con más de 20 años sigan prestando servicio en las calles, aún cuando se encuentran inservibles, ya que quedan tiradas durante el servicio de manera constante.
Al respecto existen denuncias que esa permisibilidad para que las unidades chatarras tanto en colectivos en Tapachula y otros municipios sigan trabajando tiene un precio, y es que la delegación de la SMyT otorga permisos o documentos en los que avala que esas unidades pueden seguir dando servicio por tener vida útil a cambio de 5 mil pesos, cantidad que el concesionario está dispuesto a pagar porque la crisis económica no está para comprar unidades nuevas y dar el servicio con ellas.
Sin embargo, no solo las autoridades de la SMyT obtienen ganancias, lo hacen también la SCT, la Guardia Nacional en las vías federales y las de tránsito y vialidad en los municipios, que son omisas y beneficiarios con lo que se vuelven cómplices en un esquema de corrupción.
La petición de concesionarios que se ven afectados con practicas y competencias desleales es que se termine con este tipo de “cáncer” que arrastran las malas practicas en el transporte, y que se deje de dar falsas expectativas sin resultados tangibles y que las autoridades en la materia solo se estén encargando de administrar los problemas del transporte para su beneficio.
"La autoridad debe velar por la seguridad del pasajero, del usuario que paga un servicio que debería ser eficiente y eficaz en condiciones seguras", abundaron.
