Transportistas de Tapachula adherido al Frente de Defensa del transporte estatal y federal de la Costa, Sierra y Frontera hacen un llamado a los concesionados en la modalidad de taxis y colectivos para que se organicen y defiendan su patrimonio como terceros afectados en contra del amparo con el que jueces pretenden obligar a la Secretaría de Movilidad y Transporte a concesionar 126 unidades.
El amparo 290/2020 del juzgado tercero de Tapachula es promovido por Joaquín Morales Díaz, quien mantiene como una actividad económica promover el pirataje para después con engaños y argucias, engañar o chantajear a las autoridades y promover amparos, el llamado es urgente porque de no apersonarse los concesionados como terceros afectados los jueces van a obligar a la Secretaria de Movilidad y Transporte a concesionar 126 unidades y con ello, se estaría dando un concesionamiento anticipado beneficiando únicamente a piratas.
El consejo del transporte, Noé Pinto Pinto, afirmó que que para los transportistas interesados en información se pone a disposición el número de celular 9621147784 del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal, en caso de no haber apersonamiento antes del 4 de noviembre del 2020, día en que será la audiencia constitucional, el juez podría otorgar una orden de emplacamiento a unidades en favor del grupo de Joaquín Morales Díaz.
Señaló que Joaquín Morales Díaz mantiene vigente un considerable número de amparos de taxis y colectivos de distintas rutas en Tapachula, por lo que es necesario que los transportistas reclamen su legítimo derecho al ser afectados en las rutas de las unidades que pretenden emplacar para no enfrentar un concesionamiento anticipado para una sola persona y con ello, dejar sin oportunidad de concesionar a muchas personas con el derecho legítimo a poseer un documento para trabajar en el transporte público.
Finalmente mencionó que en distintas ocasiones se ha señalado al grupo de Joaquín Morales Díaz de traficar con amparos, mediante argucias engaña o corrompe a funcionarios menores para después realizar este procedimiento que le ha dejado cuantiosas ganancias, pero con grave afectación a los transportistas, en uno de los casos el del amparo 1804/2017, la autoridad evitó una ampliación de ruta al demostrar legalmente que se habían presentado documentos con firmas apócrifas.