En Tapachula, un alto porcentaje de la población ocupada lo hace en el sector informal no asalariado tanto en el comercio semifijo y ambulante, que ante la presencia de migrantes que buscan apropiarse de espacios en calles del primer cuadro de la ciudad, señalan están siendo desplazados porque las autoridades les dan preferencia a los extranjeros.
Jorge Echevarría Cruz, secretario general de pequeños comerciantes agremiados a la CNOP, expuso que en el caso del ambulantaje recientemente han surgido graves problemas entre las organizaciones y los comerciantes locales con los extranjeros (haitianos), ya que aduciendo tener los mismos derechos buscan apropiarse de espacios sin pagar impuestos.
Dijo que la asociación que agrupa a más de 4 mil vendedores, quienes por años se han dedicado a esta actividad están siendo desplazados de sus espacios, por ello, piden el respeto de sus lugares de trabajo.
Señaló que hasta hace algunos años había un orden y se trabajaba de la mano con las autoridades pagando el impuesto correspondiente por las ventas, se respetaban los lugares, sin embargo, en la actualidad se pueden observar vendedores extranjeros en lugares prohibidos, o enfrente de otros puestos que ya tenían un lugar destinado.
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Detalló que los vendedores migrantes se creen con derechos que no existen e incluso son agresivos y fácilmente golpean a quienes se oponen a sus posturas irracionales y actitudes violentas, ya que lamentablemente no se les ha puesto orden.
Indicó que lo ocurrido la semana pasada frente al mercado Sebastián Escobar es un claro ejemplo de la irracionalidad y la violencia con que actúan los extranjeros, ya que agredieron a mujeres, porque la autoridad en materia de seguridad y justicia no les hace nada y los organismos de derechos humanos les da la razón, sin embargo, la población es la afectada y los comerciantes dejan de vender porque los clientes tienen miedo de acudir y por ende bajan las ventas.
Puntualizó que la petición como organización, es que la autoridad ponga orden, se cumplan los acuerdos, se mantenga vigilancia y que en caso de agresiones se aplique la ley que debe ser generalizada y no solo a los mexicanos o personas ya establecidas, pues si los extranjeros cometen delitos también deben ser castigados.