Vendedores informales de Tapachula, que intentan comerciar algo durante el día para comprar la alimentación diaria para sus hijos, son de los sectores más golpeados por la pandemia del Coronavirus, ya que a parte de las condiciones en las que trabajan, tienen que enfrentar el acoso y maltrato de los inspectores de servicios públicos municipales, que a diario les quitan su dinero bajo la amenaza de arrebatarles sus productos.
La señora Guadalupe Hernández Sánchez, quien lleva más de 20 años con esta actividad, afirmó que son alrededor de 200 comerciantes ambulantes en la misma situación, quienes tienen que compartir parte de sus ganancias a los inspectores de servicios públicos, por lo que pidieron a las autoridades les permitan trabajar, ya que necesitan cubrir las necesidades básicas en sus hogares.
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Indicó, que estas acciones empeoran aún más su condición de pobreza, pues señala que tienen que pagar de mil 500 hasta 3 mil pesos mensuales por ocupar alguna esquina del primer cuadro de la ciudad, sin embargo, a pesar del pago de cuota, los inspectores, los agreden verbalmente, y hasta han sido detenidos por la policía municipal, y logran su libertad hasta que pagan 2 mil pesos de multa.
"Estamos conscientes de las medidas que se tienen que tomar para evitar los contagios del Covid-19, pero no tenemos otra salida que arriesgarnos, ya que tenemos necesidad de llevar algo que comer a nuestras casas y esa preocupación es mayor al riesgo de contagiarnos de la enfermedad, ya que el gobierno municipal, estatal o federal no nos apoya con despensas o con otro tipo de ayuda, y pues tenemos que buscar cómo solventar esta necesidad", abundó.
Pidió a la alcaldesa de Tapachula, Rosa Urbina, que si no hay nada de apoyo para ellos, cuando menos que ordene frenar el acoso que sufren diariamente con los inspectores de servicios públicos, pues consideran que no están robando ni cometiendo ningún delito, únicamente pide mayor tolerancia para facilitar la venta de su mercancía.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último reporte emitido, señala que, en Chiapas en el primer trimestre del año, ha crecido considerablemente la informalidad, y en relación a la interpretación que se le pueda dar, es por la falta de empleos, de inversión privada en el Estado, y a la poca disposición del Gobierno de establecer una estrategia que permita reubicar a los cientos de vendedores ambulantes del centro de Tapachula.
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