Un juez federal ordenó girar 22 órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios públicos, empresarios y beneficiarios acusados por desvíos de más de 142 millones de pesos en Seguridad Mexicana Alimentaria (Segalmex).
Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) quien los acusa de estar vinculados a delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra del patrimonio de la dependencia que se encarga de administrar programas de apoyo a pequeños productores para garantizar la distribución de alimentos básicos en el país.
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De acuerdo con la FGR, este grupo de personas que se encuentra integrado de 12 servidores públicos de Segalmex, cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados.
El modus operandi de estas personas, explicó la Fiscalía, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente”.
Sin dar el número, la FGR adelantó que existen más carpetas de investigación y en espera de ser judicializadas respecto a otros casos de desvíos de recursos que se dieron en perjuicio de Segalmex.
En noviembre pasado, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero logró que una jueza federal vinculara por segunda vez a proceso a René Gavira Segreste, exdirector de finanzas de Segalmex, por presuntamente haber renovado un contrato que derivó en adquisiciones ilícitas hechas entre 2019 y 2022.
La resolución de la juzgadora implicó la imposición de medidas cautelares en contra del exfuncionario, quien a partir de entonces debe firmar quincenalmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, no puede salir de la Ciudad de México y el área metropolitana y el no tiene permitido acercarse a los testigos del caso.
La primera vinculación a proceso en contra de Gavira Segreste fue por su presunta responsabilidad en la autorización de una compra de 100 mil títulos bursátiles a cambio de 100 millones de pesos que salieron de las arcas de Segalmex en junio de 2020.
Hasta ahora se conoce que las irregularidades en Seguridad Mexicana Alimentaria ascienden al menos a nueve mil 500 millones de pesos, principalmente en el reparto de maíz y frijol, donde no se se encontraron comprobantes por 212 millones de pesos, así como la falta de pruebas en la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones.
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Asimismo por una incongruencia de 476 millones en el registro del valor de granos y lo que se tenía en los estados financieros de la dependencia.
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