Avanza Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados

Congelada desde la administración de Felipe Calderon, la ley regularía al Ejército en su lucha contra el narcotráfico

Por Rafael Ramírez y Arturo Pansza | La Prensa

  · jueves 30 de noviembre de 2017

Jorge Carlos Ramírez no descartó usar la mayoría priista / Foto: Laura Lovera

La bancada del PRI y sus aliados proyectan imponer su mayoría para aprobar hoy la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, y que estuvo congelada desde el gobierno de Felipe Calderón.

La Comisión de Gobernación sesionará por la mañana y está integrada por 17 diputados del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, contra 16 del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. Y lo llevarán a votación en el Pleno en fast track.

José Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, admitió que “el PRI como en otros casos, estaría usando la mayoría que puede tener aún en la Cámara de Diputados”, para aprobar este asunto.

La ley marca un plazo de un año para que el Ejército permanezca en las calles, mientras se avanza en la profesionalización de los cuerpos policiacos en todo el país. Sin embargó, el PRI congeló la minuta de mando mixto ayer por la tarde, lo que la oposición recriminó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marko Cortés del Partido Acción Nacional, defendió el mando mixto, pues dijo que con ésta se “organizaría de forma subsidiaria a las policías, que son los primeros obligados a darnos seguridad”. Pero el PRI insistió en las ventajas del modelo de mando único que propuso el titular del Ejecutivo.

Las reuniones para alinear el dictamen de Ley de Seguridad Interior, que incluye las iniciativas de César Camacho, Roberto Gil y Miguel Barbosa, se intensificaron en el primer cuatrimestre de este año. Incluso, participaron los secretarios de Gobernación y de Defensa Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong y Salvador Cienfuegos, respectivamente.

De acuerdo con el dictamen, en su análisis participaron miembros de la sociedad civil como María Elena Morera,  Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano; Francisco Torres Landa, de Fundación México Unido contra la Delincuencia A.C, entre otros. 

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