A pesar de que en 2016 la petrolera texana Baker Hughes México y cuatro de sus empresas filiales en el país tuvieron un ingreso neto de ocho mil 33 millones 379 mil 572 pesos, el conglomerado interpuso un juicio de amparo en junio de 2017 para que a partir de ese año se les condonara el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el rubro de operaciones financieras, nacionales e internacionales, celebradas con otras empresas del ramo.
Aunque el expediente judicial P-838/2017 no especifica el monto que el conglomerado buscaba que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le perdonara, sí refiere que esas compañías del sector energético declararon en 2016 contar con un saldo a favor de ISR neto total de 115 millones 865 mil 988 pesos y pagaron cero pesos de ese gravamen en el mismo año.
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El conglomerado que interpuso el amparo ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México –del cual tiene copia El Sol de México– está integrado por Baker Hughes de México, S. de R.L. de C.V., B.H. Services, S.A. de C.V. y BJ Services Company Mexicana, S.A de C.V.
Además, por las empresas Operaciones Petroleras Soledad, S. de R. L. de C.V. y Baker Hughes Operations México S.A. de C.V.
La demanda de amparo para no pagar impuestos se dio incluso después de que tres de las compañías (Baker Hughes de México, B.H. Services y BJ Services Company Mexicana) obtuvieron la licitación de una de las llamadas “joyas de la corona” de la reforma energética de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto.
En septiembre de 2016, resultaron ganadoras del contrato PEP-CAT-O-GCSEYP-00027510-16-1 para brindar servicios integrados de perforación, terminación y reparación de pozos de aguas someras.
El presupuesto mínimo del contrato fue de 142 millones 495 mil 90 dólares, y el máximo de 356 millones 237 mil 727 dólares, se lee en el fallo de Pemex Exploración y Producción (PEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 2017. Al tipo de cambio de ese día, de 19.11 pesos por dólar, representa unos dos mil 723 millones de pesos como presupuesto mínimo y seis mil 807 millones como máximo.
El nombre de Baker Hughes salió a relucir semanas atrás luego de que una investigación del portal de noticias Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalara que el hijo y la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador vivieron en 2019 y 2020 en una residencia propiedad de Keith Schilling, ejecutivo de la petrolera que sigue siendo contratista en la Cuatroté.
LES NIEGAN EL AMPARO
Desde el 26 de junio de 2017 Baker Hughes promovió el juicio de amparo indirecto en contra del jefe del SAT, con motivo de la emisión de la regla 3.9.16 contenida en la “Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017”, publicada en el DOF.
Además de pagar ISR en el rubro de operaciones financieras, nacionales e internacionales, celebradas con otras empresas del ramo, esta regla obligaba a la empresa a entregar la descripción detallada de su estructura administrativa y organizacional, de sus actividades y estrategias de negocio, de la lista de sus principales competidores y sus operaciones celebradas con partes relacionadas en territorio nacional y en el extranjero, entre otros requerimientos.
Baker Hughes calificó la regla como “excesiva” y contraria a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, que refieren que en México “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones” sin ordenamientos jurídicos que lo pidan, y el derecho de todos los individuos a contar con “seguridad jurídica”.
El 7 de julio de 2017 el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo 838/2017, pero en una audiencia constitucional celebrada el 22 de agosto determinó no amparar a las empresas demandantes.
Inconformes con la sentencia, las compañías interpusieron un recurso de revisión ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, demanda que fue admitida a trámite el 5 de octubre de 2017 bajo el expediente 501/2017.
Sin embargo, por unanimidad el Tribunal confirmó la sentencia que había emitido el Juzgado Segundo y nuevamente les negó el amparo un año después, ya en 2018.
Entre sus justificaciones el Tribunal fue aún más contundente. Concluyó que sólo a través de que Baker Hughes entregara la información solicitada es que “la autoridad hacendaria estará en posibilidad de detectar o descartar la presencia de una conducta de elusión o evasión fiscal por parte del contribuyente”.
El expediente al que tuvo acceso este medio consta casi de mil fojas hasta el 26 de octubre de 2018. Se desconoce si la empresa, ya en la administración de López Obrador, pagó dichos impuestos.
Con información de Rivelino Rueda
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