La oposición en el Senado consideró que Andrés Manuel López Obrador no quiere avanzar en la reforma del artículo 102 Constitucional, como plantea la sociedad civil, porque él anunció que perfila enviar como propuesta a la Fiscalía General a un allegado suyo:
Al respecto, Mauricio Merino, invetigador del CIDE, agregó que lo que está en juego con el nombramiento del Fiscal General de la República es el monopolio de la acción penal del Estado de Mexicano.
“Hay una exigencia colectiva y mayoritaria, que reclama que lo público deje de ser patrimonio de unos cuantos’’, aseveró Merino.
Y es que el transitorio 16 del artículo 102 Constitucional sigue vigente, solo 12 congresos locales han aprobado la modificación que elimina el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General, dice el senador Luis Sánchez Jiménez, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.
“Andrés Manuel quiere nombrar a uno de sus amigos, de sus allegados, de sus empleados, en este cargo. La terna que presentó, según él, en los tres casos del Fiscal General de la República, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral, los tres han sido colaboradores suyos. Es obvio que no refleja lo que una gran parte de la sociedad exige: una plena autonomía de las fiscalías para garantizar que no haya compromisos políticos con el Ejecutivo, que van más allá de lo legal’’, expuso el legislador.
En el Senado de la República, Luis Sánchez declaró que faltan cinco estados federados para que tal reforma de eliminar el pase automático sea válida.
El senador Sánchez Jiménez confió en que los cinco estados de la República que faltan por aprobar para eliminar el pase automático lo hagan en las siguientes semanas, lo que permitirá otra condición legislativa.
Puede ser como dice la constitución: el Senado convoque a aspirantes y envíe al Ejecutivo un listado de diez personas para que elija tres y las regrese al Senado para que esas tres elegir al fiscal.
“Puede hacerse en este momento o entre el 1 de septiembre y el 29 de noviembre, con el nuevo Congreso y el virtual Presidente de la República’’, explicó el senador.
O bien, puede esperarse hasta el 1 de diciembre y realizar el procedimiento. Una tercera, que se reforme el artículo 102 constitucional para que haya una plena autonomía del fiscal general, que no sean más los amigos, los compañeros, los compadres del Presidente de la República, los que ocupen esos cargos.
Merino Huerta apuntó que el monopolio de la acción penal del Estado Mexicano “es muy delicado’’ y es lo que está en juego con el nombramiento del Fiscal General de la República.
“Entiendo que el nuevo presidente de la República quiera conservar ese monopolio, en el fondo eso es lo que está en disputa’’, dijo Merino Huerta, también catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que coordina la organización civil “Nosotrxs’’.
“Que se nombre a alguien con méritos acreditados, de larga tradición y de pruebas inequívocas de su imparcialidad y capacidad profesional. No creo que nos debamos confundir, entre eso y la disputa por ver quién controla la fiscalía, son dos cosas distintas’’
El académico declaró que nombrar a alguien para conservar el monopolio sin más, no se justifica, sino en función de los méritos en general, pero eso vale para el fiscal y para cualquier otro movimiento que haga el Gobierno de la República
“Este ha sido uno de los grandes defectos del Gobierno actual que fue contra lo que voto la gran mayoría de la población y obviamente no se puede reproducir en el siguiente’’.
El investigador del CIDE dijo que “la corrupción es captura del espacio público por grupos de interés o por grupos políticos, lo que no podemos tolerar es la disputa entre esos grupos para seguirse adueñando de lo que nos corresponde a todos los mexicanos’’.
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