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En un esquema que recuerda el estilo de la Estafa Maestra, la Secretaría de Marina (Semar) pagó 49.8 millones de pesos al Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas (IFPCH) para capacitar a más de cinco mil de sus elementos asignados a la Guardia Nacional. Sin embargo, dicho instituto carecía de la estructura y recursos para impartir los cursos y, contrario a lo que marca la ley, terminó subcontratando todo el servicio a una empresa creada en 2018 que tampoco contaba con las certificaciones para hacerlo.
En la operación, el IFPCH se terminó quedando con 9.5 millones pese a que su única participación fue firmar las constancias de conclusión de los cursos, revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2020.
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El 20 de marzo de 2020, la Semar firmó un convenio de colaboración con el organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, una entidad federativa controlada por Morena, para la capacitación de cinco mil 480 elementos navales.
La instrucción constaba de cinco cursos: Policía de Reacción para dos mil marinos, Formación de Mandos para 288, Defensa Policial para 192, Proximidad Social para dos mil y Derechos Humanos para mil elementos más. A cambio de la capacitación, el IFPCH cobró a la Marina 49 millones 832 mil pesos.
El contrato se adjudicó de manera directa al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que permite evitar las licitaciones cuando se celebran contratos con entidades públicas estatales, siempre y cuando sean éstas las que lleven a cabo el servicio sin tener que contratar a terceros.
Pero en este caso no sucedió así. Al momento de la firma del convenio, el IFPCH contaba con una plantilla docente de 70 capacitadores eventuales y 50 de estructura con capacidad para instruir a 514 elementos, menos de 10 por ciento de lo requerido. Sin embargo, la Marina no analizó la documentación entregada por la academia policial para constatar que contaba con los recursos técnicos, materiales y humanos para cumplir con el servicio.
Fue entonces que el instituto chiapaneco que dirige Nicolás de Jesús Trinidad Náfate optó por subcontratar, a través de la empresa Grupo Deca Metropolitano S.A. de C.V., a los maestros que impartirían los cursos.
Grupo Deca Metropolitano se constituyó el 6 de abril de 2018 en Juchitepec, Estado de México, bajo el nombre de Comercializadora Suarezic S.A. de C.V. para brindar servicios de seguridad privada, protección, custodia, sistemas de blindaje y también “contratación de instructores nacionales e internacionales para los diferentes temas de capacitación”.
En el acta constitutiva aparecen como socios César Suárez Ibáñez y Ángel Gabriel Casasola Ibáñez.
El 21 de enero de 2019 la compañía cambió su nombre a Grupo Deca Metropolitano, amplió su objeto social y dejó como administrador y apoderado único a Casasola Ibáñez.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, el IFPCH subcontrató la totalidad del servicio acordado con la Semar, aunque sólo pagó a la empresa 81 por ciento del importe (40 millones 366 mil pesos). Lo que significa que 19 por ciento restante se lo quedó la academia policial sin haber prestado servicio alguno más allá de ser un intermediario.
La ASF consideró ese dinero, que asciende a nueve millones 668 mil pesos, como un posible “daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal”.
“El IFPCH no participó directamente en la capacitación de los elementos de la Semar, sino únicamente en la validación de los entregables consistentes en evidencia fotográfica, exámenes, informe de actividades, listas de asistencia y listas de calificaciones que fueron proporcionados por la empresa subcontratada Grupo Deca Metropolitano, S.A. de C.V., así como en la emisión y firmas del Director General del instituto de las constancias de conclusión de los cursos de capacitación de cada elemento de la Semar”, se lee en la auditoría 105-GB del órgano fiscalizador.
Sobre el caso, la Secretaría de Marina señaló a este medio que no tenía conocimiento de la subcontratación de Grupo Deca Metropolitano y que el daño al erario recae exclusivamente en el instituto chiapaneco.
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Los problemas no terminaron ahí. Grupo Deca Metropolitano no contaba con su Registro Nacional como Instancia Capacitadora en Seguridad Pública, ni sus instructores estaban certificados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para impartir los cursos al personal naval.
Incluso, 44 de los docentes no contaban con alguna acreditación que los certificara como instructores de alguna de las competencias relacionadas con la función policial.
En lo que respecta a la impartición de los talleres, la ASF encontró que se impartieron cursos avalados por un mismo instructor, en las mismas fechas, pero en sedes diferentes.
Por ejemplo, un docente firmó las listas de asistencia al curso de Policía de Reacción realizado en Tapachula, Chiapas, entre el 9 y 27 de noviembre de 2020, a la vez que firmó las listas de asistencia del curso de Formación de Mandos impartido en el mismo periodo, pero en Salina Cruz, Oaxaca.
Otro ejemplo es el de un instructor que avaló la asistencia de los elementos navales al curso de Defensa Policial impartido entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al mismo tiempo que validó con su firma la presencia de otros marinos en un curso de Policía de Reacción realizado los mismos días en Mulege, Baja California Sur.
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