La extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se produjo en 2020, como parte de una estrategia más amplia dirigida a poner fin a los fideicomisos. Bajo el argumento que estos eran mecanismos especialmente herméticos y propensos a la malversación de fondos públicos, así como a acuerdos preferenciales para un grupo selecto de proveedores.
El Fonden surgió a finales de los 90's como un recurso financiero destinado a respaldar a estados, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ante los estragos ocasionados por fenómenos naturales. Su misión fundamental radicaba en atender los embates de desastres imprevisibles, cuya magnitud superara la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades estatales.
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La administración de este fondo recaía en la Secretaría de Gobernación (Segob), siendo activado mediante la emisión de una Declaratoria de Emergencia o Declaratoria de Desastre. La primera reconocía el inminente riesgo para la seguridad de la población en uno o varios municipios, incluso en presencia de una Declaratoria de Desastre.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus reservas respecto al Fonden: “Anteriormente se tenía un instrumento que se conoció como Fonden, era realmente una bolsa de dinero; cada vez que había una situación de gravedad por inundaciones, por sismos, se usaba esa bolsa. Ese capital lo manejaban desde Gobernación y, como lo he explicado, había proveedores selectos, preferidos, y con cargo a esos recursos se compraban víveres, enseres y lo que se necesitara; desde luego a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción”.
Atendiendo a la vulnerabilidad geográfica del país ante eventos naturales de gran envergadura, el Gobierno Federal de México ha implementado nuevas estrategias de protección. Entre ellas, destaca la contratación de un seguro destinado a cubrir los daños causados por fenómenos naturales, con una vigencia desde el 5 de julio de 2023 hasta el 5 de julio de 2024.
Esta póliza ofrece una cobertura de 5 mil millones de pesos, con deducibles operativos determinados por diagnósticos precisos de los daños, que varían según el sector afectado. Además, se establece un deducible agregado anual de 750 millones de pesos, asegurando así los recursos necesarios para enfrentar los efectos adversos de eventos naturales.
En sintonía con los criterios económicos para 2024, el Gobierno Federal cuenta con un respaldo financiero crucial: un bono catastrófico con activación paramétrica, asegurando 485 millones de dólares para mitigar pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales. Suscrito en 2020 con una vigencia de cuatro años, vence en marzo de 2024.
La suma asegurada se distribuye en cuatro series: sismos clase A (175 millones de dólares) para eventos de magnitud considerable, aunque con baja probabilidad de ocurrencia pero alto impacto económico, focalizándose en la zona central del país. Sismos clase B (60 millones de dólares) atienden a eventos de mayor probabilidad pero con menores pérdidas económicas, centrándose en la zona costera del Pacífico.
En cuanto a huracanes, se destinan 125 millones de dólares tanto para los del Atlántico, cubriendo todas las zonas costeras del Golfo de México y la Península de Yucatán, como para los del Pacífico, que abarcan todas las zonas costeras del Océano Pacífico y el Golfo de California.