La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló este jueves a servidores públicos y al crimen organizado como los responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México e instó a las autoridades a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y crear una política nacional para prevenir que esta práctica “humana” siga creciendo.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, afirma el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, en su informe sobre la visita realizó a nuestro país en noviembre pasado.
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Aumentan desapariciones de niños y jóvenes
El documento subraya que los estados son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales.
El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Destaca que al 26 de noviembre había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas, a las cuales se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité, la cual se llevó a cabo del 15 al 26 de noviembre de 2021.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por Coronavirus”, constató el Comité y agrega que víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.
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Durante la presentación del informe, el Comité mostró, además, especial preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones.
Del mismo modo, mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
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En reacción al informe, el gobierno mexicano, a través de las Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, se comprometieron a implementar “de buena fe”, las recomendaciones del Comité.
Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. Al respecto, el informe denuncia que las personas privadas de libertad enfrentan muchos obstáculos que impiden contactarse con el exterior e informar sobre su paradero, mientras que los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos son privados de sus celulares para después extorsionar a sus familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
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“El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité.
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país y que según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
También hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
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