La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford emitieron un posicionamiento conjunto en el que advierten que de aprobarse la modificación a la Ley de Amparo se violarían los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
“De aprobarse, esta iniciativa violaría el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en… los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”, dice el comunicado de ambas instituciones.
El 22 de octubre de este año el oficialismo mexicano presentó en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que no es posible interponer un juicio de amparo en contra de reformas constitucionales; esto en referencia a la polémica reforma al Poder Judicial que ha sido mira de amparos emitidos por quejosos que consideran que las modificaciones al sistema judicial mexicano rompe con el Estado de derecho en México.
“El acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano, y resulta indispensable para garantizar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos. La eliminación de dicho acceso mediante una reforma constitucional no la valida jurídicamente”, dice la Barra Mexicana de Abogados y la Facultad de Derecho de Stanford.
El comunicado emitido por estos colegios jurídicos enfatiza los estatutos que establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
“Ha sido muy clara al señalar que todos los procesos democráticos requieren el respeto y la protección de los derechos humanos”, destacando que “las reformas constitucionales no son diferentes a este respecto”.
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La Barra Mexicana de Abogados y la Facultad de Derecho de Stanford instaron al Congreso de la Unión a evaluar la iniciativa de reforma constitucional a “la luz de las obligaciones de México” que tiene bajo el derecho internacional y que protege los derechos humanos.