/ lunes 23 de septiembre de 2019

Sigue impune fraude a canasteras de Tapachula

Lamentan que el gobierno del estado, solape y engavete denuncias contra funcionarios municipales de Tapachula


68 mil 500 pesos cobró por el servicio y asesoría legal el consorcio jurídico TRUVI, a cargo de Marco Viaña, actual director de gobierno del Ayuntamiento de Tapachula


Desde hace más de un año y medio, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen engavetada la denuncia contra el director de gobierno municipal de Tapachula, Marco Viaña Arenas, quien presuntamente defraudó con 68 mil pesos a un grupo de canasteras de la unión de pequeños comerciantes “Emiliano Zapata”.

Al respecto, la representante de esa organización, Aide Juvia Teco Vicente, explicó que en el 2018, el consorcio legal “TRUVI” conformado por los abogados Iván Trujillo y Marco Viaña, les ofrecieron la asesoría legal para recuperar locales al interior del mercado “Emiliano Zapata”, ubicado en la colonia Pemex, sin embargo, nunca realizaron ninguna acción jurídica en beneficio de sus representadas.

Precisó que existe la denuncia y la carpeta de investigación 3402/2018, pero hasta ahora la FGE Distrito Costa, ha promovido la impunidad, y no ha citado al actual funcionario municipal para que explique lo relacionado a la denuncia.

“Nos vemos que haya justicia, solo nos hacen ir y venir a la Fiscalía, no hay nada, no hay avance en la carpeta de investigación, por eso pedimos al gobernador Rutilio Escandón, vea este asunto, donde los señores de la Fiscalía no han cumplido, dijo.

Lee también: Ex trabajadores de la SSPM reclaman fallo del tribunal administrativo

Y continuo: “este funcionario, Marco Viaña que es director de gobierno municipal, lógico es que lo están protegiendo, pero quiero aclarar que este señor es quien nos llevo a su despacho consorcio TRUVI, que lo conformaron los señores Iván Trujillo y Marco Viaña, pero este último fue el intelectual, fue él quien cometió el delito”, sostuvo.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales, no permitan que personas que comenten atropellos contra la población, ahora escudados en un cargo municipal no sean llamado a declarar ante las autoridades encargadas de impartir justicia, quienes se han convertido en promotoras de la impunidad en la región.


68 mil 500 pesos cobró por el servicio y asesoría legal el consorcio jurídico TRUVI, a cargo de Marco Viaña, actual director de gobierno del Ayuntamiento de Tapachula


Desde hace más de un año y medio, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen engavetada la denuncia contra el director de gobierno municipal de Tapachula, Marco Viaña Arenas, quien presuntamente defraudó con 68 mil pesos a un grupo de canasteras de la unión de pequeños comerciantes “Emiliano Zapata”.

Al respecto, la representante de esa organización, Aide Juvia Teco Vicente, explicó que en el 2018, el consorcio legal “TRUVI” conformado por los abogados Iván Trujillo y Marco Viaña, les ofrecieron la asesoría legal para recuperar locales al interior del mercado “Emiliano Zapata”, ubicado en la colonia Pemex, sin embargo, nunca realizaron ninguna acción jurídica en beneficio de sus representadas.

Precisó que existe la denuncia y la carpeta de investigación 3402/2018, pero hasta ahora la FGE Distrito Costa, ha promovido la impunidad, y no ha citado al actual funcionario municipal para que explique lo relacionado a la denuncia.

“Nos vemos que haya justicia, solo nos hacen ir y venir a la Fiscalía, no hay nada, no hay avance en la carpeta de investigación, por eso pedimos al gobernador Rutilio Escandón, vea este asunto, donde los señores de la Fiscalía no han cumplido, dijo.

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Y continuo: “este funcionario, Marco Viaña que es director de gobierno municipal, lógico es que lo están protegiendo, pero quiero aclarar que este señor es quien nos llevo a su despacho consorcio TRUVI, que lo conformaron los señores Iván Trujillo y Marco Viaña, pero este último fue el intelectual, fue él quien cometió el delito”, sostuvo.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales, no permitan que personas que comenten atropellos contra la población, ahora escudados en un cargo municipal no sean llamado a declarar ante las autoridades encargadas de impartir justicia, quienes se han convertido en promotoras de la impunidad en la región.

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